Pruebas excluyentes

Pruebas excluyentes

Zurima Vásquez

Desde el siglo pasado (XX), para que un bachiller pudiera ingresar a una universidad en Venezuela debía presentar pruebas de admisión, en aulas con casi 3 mil bachilleres de la población flotante.

Siempre me ha parecido un fraude, que estos miles de estudiantes, aspirantes a cursar una carrera universitaria, presenten pruebas de admisión, cuando en cada facultad sólo reciben 100 candidatos. Entonces es injusto que los otros 2.900 estudiantes que desean ingresar se queden “como la guayabera”, sin posibilidad de hacer realidad sus ilusiones y esperanzas. Es por ello, que muchos estamos de acuerdo con calificar al sistema de Educación Superior en Venezuela como excluyente, discriminatorio, clasista y abogan el nacimiento de la Misión Sucre, y la Ley de Educación Superior como fórmulas para solucionar el problema del acceso a las universidades.

Con la orden del gobierno que permite la eliminación de las pruebas de admisión para el ingreso de estudiantes en las universidades públicas, se erradica en un 39,28 % la exclusión al sector educación, debido a que este método se venía utilizando desde hace años para decidir quiénes eran los bachilleres que se beneficiarían con la limitada cantidad de cupos disponibles, incluyendo tanto las pruebas a nivel nacional de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), como las pruebas internas que realiza cada institución, “pruebas excluyentes”. Este tema ha ocasionado una reacción nada positiva en las autoridades universitarias y en algunos estudiantes, ya que a sus juicios, estos mecanismos son necesarios para garantizar la calidad de la educación superior. Para ellos un mecanismo de inclusión es instaurar cursos preuniversitarios o propedéuticos para el proceso de selección previa al ingreso universitario. Pero ¿no se dan cuenta que este sigue siendo un mecanismo excluyente? Todo el que desee estudiar puede hacerlo y esta por demás decir que es un derecho de todos los venezolanos, contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo nº 102.

Tal y como lo señala Héctor Navarro, ministro de educación, el cupo universitario es un bien social y no un derecho exclusivo de algunos sectores o personas como los hijos de profesores y empleados universitarios.

No puede haber transformación social si no se le brinda la oportunidad a aquellas clases más excluidas para acceder a la educación y formarse como profesionales, el gobierno tiene el deber de garantizar a todos los venezolanos, no sólo igualdad de oportunidades, sino igualdad de condiciones.